LT. ABOGADOS COLOMBIA
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Solicite su asesoría, un especialista estará dispuesto a acompañarlo.
En LT. Abogados Colombia, somos una firma consultora con un alto sentido social, constituida bajo criterios de eficiencia y eficacia en cada caso o problema jurídico que recibimos. Nos dedicamos a defender y proteger los intereses de nuestros clientes en diversas ramas del derecho, operando en todas las instancias y jurisdicciones. Garantizando el fortalecimiento de sus derechos conforme a las líneas de acción y el marco probatorio.
Si eres servidor público de las Fuerzas Militares o de Policía, encontrarás en nuestro equipo a los mejores abogados, exmiembros de la fuerza pública, especializados en Junta Médico Laboral, procesos administrativos, disciplinarios y otros trámites. La experiencia y el conocimiento de nuestros colaboradores jurídicos nos permiten brindar un seguimiento adecuado a los litigios de nuestros clientes, tomando las acciones legales necesarias para dar celeridad a sus procesos y obtener los mejores resultados conforme a sus necesidades.
En LT. Abogados Colombia, estamos comprometidos con la excelencia y la justicia, ofreciendo soluciones jurídicas efectivas y personalizadas que garantizan la protección y defensa de tus derechos.
Nuestros servicios
Nuestros servicios
Reparación directa.
Nulidad y restablecimiento del derecho.
Simple nulidad.
Reclamaciones administrativas.
Nulidad electoral.
Demandas administrativas.
Reparación al daño por entidades públicas.
Acciones contractuales.
Procesos de responsabilidad fiscal.
Asistencia jurídica integral en contratación pública y licitaciones.
Tramite de consultas, reclamaciones administrativas y agotamiento vía gubernativa.
Defensa integrantes FFMM y Ponal.
Defensa funcionarios.
Casos corrupción.
Actos ilegales.
Revisión de sanciones disciplinarias ante la jurisdicción administrativa.
Representación en investigaciones y procesos disciplinarios contra particulares ante los diferentes organismos de control y de ética profesional.
Incompatibilidades e inhabilidades.
Asistencia al procesado en audiencia.
Solicitud de libertad condicional.
Asistencia en investigación judicial.
Reparación de víctimas.
Solicitud de prisión domiciliaria.
Solicitud de preclusión.
Delitos contra la seguridad publica.
Delitos informáticos.
Delitos contra la fe pública.
Solicitud de archivo del proceso.
Denuncia y representación penal.
Presentación de escritos de casación.
Delitos sexuales.
Procesos de pertenencia.
Procesos civiles.
Proceso reivindicatorio.
Contrato de mandato.
Responsabilidad médica.
Contrato de arrendamiento.
Perturbación a la posesión.
Proceso monitorio.
Leasing inmobiliario.
Conciliación extra - procesal.
Ejecutivos.
Restitucion bien inmueble arrendado.
insolvencia.
Servidumbre.
Levantamiento de patrimonio de familia.
Matrimonio.
Divorcio.
Unión marital de hecho.
Impugnación a la paternidad.
Venta de inmueble a nombre de menor de edad.
Sucesiones.
Planeación patrimonial familiar.
Tramite de adopción.
Imposición y regulación de cuota alimentaria.
Custodia y cuidado.
Violencia intrafamiliar.
Privación de patria potestad.
El derecho de petición es un mecanismo constitucional en Colombia que permite a los ciudadanos solicitar información o hacer requerimientos ante las autoridades públicas, e incluso ante organizaciones privadas que presten servicios públicos. Este derecho está consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y está regulado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Principales características del derecho de petición:
Principales características del derecho de petición:
Objetivo: Permite solicitar información, presentar quejas, sugerencias, reclamos, o pedir la resolución de una situación de interés personal o colectivo.
Respuesta obligatoria: Las autoridades o entidades deben responder en términos establecidos (generalmente 15 días hábiles dependiendo de la solicitud). En caso de peticiones de documentos o información, el plazo es de 10 días hábiles, y para consultas es de 30 días hábiles.
Gratuidad: No implica costos para quien lo interpone.
Protección: Si la entidad no responde o lo hace de manera inadecuada, se puede interponer una acción de tutela por la vulneración del derecho fundamental de petición.
Es una herramienta fundamental para la participación ciudadana y el control social sobre las actuaciones del Estado y de entidades privadas que prestan servicios públicos.
En Colombia, la acción de tutela es un mecanismo constitucional que permite a cualquier persona solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos han sido vulnerados o están en riesgo por la acción u omisión de autoridades públicas o particulares. Es una herramienta rápida y eficaz para garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política.
Características principales de la tutela:
Características principales de la tutela:
Carácter preferente y sumario:
Se tramita de manera rápida, dentro de un plazo de 10 días hábiles desde su presentación.
Es un proceso corto, diseñado para responder de manera urgente a la protección de derechos fundamentales.
Procedencia:
La tutela procede cuando no exista otro mecanismo judicial disponible para proteger los derechos vulnerados o cuando, existiendo, no es eficaz para evitar el perjuicio inminente de los derechos fundamentales.
En casos excepcionales, puede ser utilizada como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, incluso cuando existen otros medios judiciales.
Sujeto activo:
Cualquier persona, grupo de personas o comunidad puede interponer una tutela, sin importar su nacionalidad o estatus legal en el país.
También puede interponerse en nombre de un tercero si este se encuentra impedido para hacerlo por sí mismo.
Sujeto pasivo:
Las autoridades públicas y, en ciertos casos, los particulares, especialmente si prestan servicios públicos o si su conducta afecta directa y gravemente los derechos de alguien (por ejemplo, en relaciones laborales, educativas, o contractuales).
Derechos que protege:
Solo protege derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a la igualdad, al debido proceso, a la dignidad humana, entre otros.
Cumplimiento inmediato:
Las órdenes que se emiten en las decisiones de tutela deben cumplirse de inmediato. El incumplimiento puede generar sanciones, como el desacato, que puede llevar a multas o incluso a la privación de la libertad del funcionario responsable.
Revisión por la Corte Constitucional:
Las decisiones de tutela pueden ser seleccionadas para revisión por la Corte Constitucional, la cual tiene la facultad de unificar criterios jurisprudenciales para garantizar la protección de los derechos fundamentales de manera uniforme en el país.
Ejemplos comunes de uso de la tutela:
Ejemplos comunes de uso de la tutela:
Protección del derecho a la salud, cuando a una persona se le niega un tratamiento médico vital.
Defensa del derecho al debido proceso en situaciones laborales o judiciales.
Protección del derecho a la educación cuando un estudiante es excluido injustamente de una institución educativa.
La tutela es una de las herramientas más poderosas en Colombia para salvaguardar los derechos fundamentales, asegurando que las personas puedan acceder a justicia de manera rápida y efectiva.
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